Avalan reforma a la Ley del ISSEMyM; trabajadores financiarán su jubilación

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Con el voto en contra de Morena, PR y una fracción del PAN, así como protestas de miembros del magisterio, trabajadores del ISSEMyM y servidores públicos estatales, la Legislatura del Estado de México aprobó la Ley de Seguridad Social que modificará el sistema de pensiones mixto y solidario del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) por uno de cuentas individualizadas que será manejada por Afores

El nuevo esquema a manejar será con cuentas individualizadas a cargo de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores); pedirá 25 en lugar de 35 años de haber cotizado para la jubilación y la edad para el retiro por vejez subirá de 62 a 65 años y cada trabajador financiará su propia jubilación durante su vida laboral dejando atrás el actual sistema de pensiones del ISSEMyM que es mixto y solidario en el que los servidores públicos aportan para pagar a los jubilados.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario del PAN indicó que votó en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Social y se pronunció “por salvaguardar los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexiquenses”.

Pidió que se garantice el fondo de pensiones para los trabajadores del sector público y que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) aplique una auditoría sobre las causas de la crisis financiera del ISSEMYM para que se deslinden responsabilidades.

La aprobación a la reforma fue con el voto de 39 diputados del PRI, Verde y Nueva Alianza y 19 en contra.

Arturo Piña, del PRD sostuvo que es “una ley que vulnera a nuestros trabajadores bajo el simple argumento de que el sistema de pensiones y de atención médica está en colapso”  y recordó que desde la época de César Camacho Quiroz como gobernador, el Instituto ya enfrentaba problemas serios por las retenciones a los trabajadores que no eran reportadas.

Asimismo, los ayuntamientos vieron en las aportaciones de los trabajadores “la caja chica que les permitió contar con recursos no fiscalizables, no auditables y no exigidos por parte del Instituto bajo la complacencia del gobernador en turno”.

Ante el Pleno, dijo que en 2007, 2009 y 2012 hubo esfuerzos por sanear las finanzas del Instituto y en la última reforma de 2012 incrementaron las aportaciones por atención médica y del sistema de capitalización individual, además de subir la edad para poder alcanzar la jubilación de 60 a 63 años.

El perredista mencionó que el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas señaló en la exposición de motivos que “la iniciativa que se presenta responde a un grave desequilibrio en el sistema de seguridad social del Estado de México, ya que su déficit se ha vuelto evidente y en el futuro cercano sería por demás difícil asegurar su continuidad”.

Sin embargo, el legislador sostuvo que mediante el decreto 36 expedido por la LVIII Legislatura, hace apenas seis años, se garantizaba, de acuerdo al gobernador, “la estabilidad financiera del Instituto y la viabilidad del sistema de pensiones, ¿qué fue lo que fallo? creo que debemos antes de aprobar esta Ley, conocer que fue lo que salió mal, a cuánto asciende la deuda real del ISSEMyM, quiénes son los que más adeudan de las aportaciones de los trabajadores no reportadas al Instituto”.

La descomposición financiera alcanza a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cual tiene un adeudo a este año de más de mil 300 millones de pesos con el Instituto de acuerdo a la solicitud de información pública No. 00085/ISSEMYM/IP/2018.

No habrá afectaciones, dice GEM

El gobierno del Estado de México aseguró, por su lado, que la reforma busca asegurar la permanencia del sistema de seguridad social de los servidores públicos mexiquense y dar sustentabilidad financiera al Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios (ISSEMyM).

Se mantendrán intactos los beneficios, derechos y prerrogativas de las que disfrutan actualmente pensionados y pensionistas, como requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a una pensión, condiciones generales y servicios.

En un comunicado, detalló que se contempla “un incremento en las aportaciones que pagan las Instituciones Públicas de 6.5 por ciento que se destinarán tanto al rubro de pensiones como a fortalecer los servicios de salud en materia de suministro a los medicamentos, modernización de equipos médicos e introducción de nuevas tecnologías para fortalecer el perfil preventivo y de detección temprana de padecimientos”.

A los servidores públicos en activo se les aplicará un ajuste en sus cuotas, por abajo de la inflación, que se destinarán 1.5 por ciento a servicios médicos y el 2 por ciento restante a su ahorro en el fondo de pensiones.

Los servidores públicos que ingresen a partir de 2019 y aquellos que actualmente se encuentren en activo, y que deseen migrar al nuevo régimen, se les abrirá una cuenta individual en una administradora de su libre y personal elección, donde se depositarán las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, ya sea por cesantía en edad avanzada y vejez, lo que abre la puerta a la portabilidad de derechos y los trabajadores podrán migrar a otras instituciones de seguridad social sin perder sus ahorros para el retiro.

La reforma permite la creación de un Sistema Integral de Créditos “compuesto por un fondo intocable y permanente para hacer efectiva la prestación de préstamos personales e hipotecarios en beneficio de las familias de los servidores públicos”, indicó.

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